El anuncio del pago de una suma fija de $ 60.000 para 5,5 millones de trabajadores del sector privado, y 3900.000 de empleados públicos que cobran menos de $ 400.000, puso en una situación «incómoda» a comerciantes que deberán hacerle frente a la imposición de pago inmediato establecido por el Ejecutivo nacional, en el marco de la crisis económica, la devaluación y la campaña electoral.
Es así que desde que el Gobierno nacional anunció el pago del bono, en dos cuotas de $ 30.000, distintas cámaras comerciales manifestaron su «preocupación» ante una medida que no fue consultada, según advirtieron empresarios.
La Confederación Argentinas de Medianas Empresas advirtió que la medida perjudica a las Pymes, complica los números de dos sectores que acaban de cerrar reajustes paritarios y en definitiva aumentan los costos del sector. «El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance» , manifestaron en un comunicado.
Sostuvieron que «en particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida«.
«La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente», concluyeron las cámaras empresariales que rechazaron el anuncio del Gobierno.
Alfredo González, presidente de la CAME, añadió hoy al respecto en declaraciones a Radio Rivadavia: «Entre las micro y las pequeñas empresas, la gran mayoría no lo van a poder pagar. Y muchas de las medianas tampoco. La situación es totalmente distinta a la de las grandes empresas que tienen otra estructura económica y financiera para llevarlo adelante».
«No nos pueden disponer algo así arbitrariamente sin saber en qué momento vamos a poder hacerlo. Nos ponen en una situación complicada, incómoda, con el propio personal porque hay empresas que no lo van a poder pagar», concluyó sobre la incertidumbre que predomina en el sector sobre cómo las pequeñas y medianas empresas harán frente al bono impuesto por el Ejecutivo nacional.